Legalidad de la prueba y la exclusión

Los principios, dentro del ordenamiento jurídico colombiano, son tenidos como normas de aplicación inmediata, por el rol que desempeñan en la protección de garantías fundamentales y constitucionales a los ciudadanos. En este sentido, son preceptos frente a los cuales no se puede ser indiferente, en especial cuando se trata del actuar de una autoridad judicial o administrativa, pues sus actividades se encuentran reguladas por requisitos legales que deben siempre sustentar dichas actuaciones. Es así como llegamos al principio de legalidad o deber de justificación del actuar administrativo en preceptos normativos previos. En este sentido, el principio de legalidad garantiza en el proceso que todas las etapas sean surtidas acordes a lo establecido legalmente, situación que involucra, como es lógico, la etapa probatoria tanto en la obtención de la prueba como en su incorporación al proceso; dichas etapas se encuentran expresamente reguladas, y la falta de esos lineamientos o la vulneración de derechos y garantías fundamentales durante su ejecución son razón suficiente para invalidar y excluir la prueba del proceso como sanción por su ilicitud.

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